Polémicas sobre la llegada de la PASSVIGO

Prácticamente de lo único que queda hablar por el momento es de las polémicas surgidas del nacimiento de la PASSVIGO.

El revuelo con la llegada de la PASSVIGO fue poco a poco creciendo ante la amenaza de que los no empadronados en la ciudad se quedarían sin acceso con descuentos ni trasbordos al bus urbano de Vigo. En febrero se creaba la plataforma ciudadana "PASSÁrea" que empezaba a poner las primeras voces discrepantes al nuevo sistema de pago en el Vitrasa.

Personalmente creo que no es una mala idea, ya que tener una tarjeta metropolitana de la Xunta y no poder utilizarla en el Vitrasa no tiene mucho sentido.

Cuando llegó la prórroga de quince días para seguir solicitando la nueva tarjeta olívica, para los fondos aún depositados en las tarjetas verdes se ofreció (y se sigue ofreciendo) la posibilidad de traspasar el saldo a la nueva tarjeta o bien acudir en persona a las oficinas de la concesionaria en la carretera de Camposancos a reclamar el dinero en efectivo. Hasta ahora se devolvieron más de 63000 euros a los antiguos usuarios de la tarjeta verde. Además, el ayuntamiento ofreció datos de emisión de tarjetas. A principios de abril ya había 118000 tarjetas nuevas expedidas para empadronados en el término municipal de Vigo.

Finalmente el día 15 de abril se invalidó el uso de las tarjetas verdes, aumentando de este modo el revuelo causado. Los vecinos de Chapela empezaron a protestar pagando el Vitrasa en monedas de un céntimo en la línea C3, mientras el alcalde de Redondela ya había anunciado en días anteriores que llevaría la PASSVIGO a los tribunales y cuestionaba su legalidad. Y esto último se zanjó con una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vigo, que declaraba que el requisito del empadronamiento para acceder a las ventajas que otorga la nueva tarjeta sobre el transporte urbano era incompatible con la "Lei 2/2017" de la Xunta (conocida como anti-Vigo por Abel Caballero), que regula la gestión del transporte urbano de las ciudades. El auto del juez Luis Ángel Fernández Barrio también dice que el ayuntamiento olívico podría tener razón en lo que a quien debe pagar la subvención a no empadronados en la ciudad se refiere, pero prohibe que a la tarjeta no puedan acceder no empadronados. En este mismo sentido, reconoce que esto puede acarrear perjuicios económicos al ayuntamiento vigués. 
De esta manera, el regidor vigués contraataca diciendo que la citada ley es inconstitucional y dice que le reclamará los costes de la subvención a no empadronados a la Xunta, pero desde ese momento acata la sentencia y empieza a tramitar las solicitudes de nuevas tarjetas sin exigir requisitos de empadronamiento.

En los días posteriores a la sentencia, Javier Bas, alcalde de Redondela, instó a todos sus conciudadanos a que solicitasen la tarjeta olívica "sin complejos" y anunció que se empezaría a poder tramitar la PASSVIGO en algunas dependencias municipales de Redondela, al mismo tiempo que Caballero denunciaba que en A Coruña se exige el empadronamiento para poder tener tarjetas de todos los tipos menos la general; en Ourense también se exige para todas las tarifas menos para estudiantes y la general... 
A esto la Xunta respondió que se permitía aplicar decuentos añadidos a colectivos como desempleados o pensionistas empadronados en la ciudad, pero que efectivamente en ninguna de las ciudades gallegas se exige el empadronamiento para acceder a la tarifa general. Entonces se puede pensar: pues que Vigo ponga también requisito de empadronamiento solo a los colectivos. Entonces el Concello se dio cuenta de que la famosa ley "anti-Vigo" también prohibe explícitamente otorgar bonos a colectivos discriminando por razones de residencia. Pero de nuevo hay una particularidad, y es que para los bonos a colectivos la ley autonómica añade la palabra "exclusivamente" por razones de residencia, que no pone en los bonos normales. En esta palabra se ampara la Xunta para argumentar que están en lo correcto, y si efectivamente lo están, entonces lo lógico es que el FARO y el alcalde dejen de manipular y exigan el empadronamiento para todos los demás bonos que no sean el normal, como en las demás ciudades gallegas.

Artículo 82.4 de la llamada "ley anti-Vigo" de Feijoó:

Tanto en el supuesto de tarifas fijas como en el de tarifas máximas, la Administración podrá autorizar la comercialización de tarifas bonificadas:

a) Bonos de utilización recurrente o para la promoción de la utilización del sistema de transporte público. Estos bonos serán dirigidos al público en general, y no será admisible la introducción de discriminaciones por razones de territorio o residencia ni por razones sociales o de otra índole.

b) Bonos sociales, vinculados a políticas o actuaciones transversales de los poderes públicos en el ámbito social, a cuyo efecto se tomarán en consideración las condiciones específicas de las personas usuarias o de sus unidades familiares, tales como familias numerosas, estudiantes, jubilados o nivel de renta. En ningún caso se podrán establecer bonos sociales atendiendo a criterios exclusivamente territoriales, como la residencia, o a condiciones discriminatorias, como la raza, la religión o la opinión de la persona usuaria.

Junto con las anteriores tarifas bonificadas podrán establecerse y gestionarse en el marco del sistema de transporte público bonificaciones adicionales promovidas por la propia administración titular del servicio o por cualquier otra administración, entidad, agrupación o colectivo interesado en la promoción del transporte público o en la prestación de un servicio al colectivo al que dirijan su actuación.

Abel Caballero en una rueda de prensa sobre la PASSVIGO

En el contexto de estas palabras cruzadas se volvía a clamar al cielo que Vigo se incorporase al sistema de transporte metropolitano de la Xunta, pintando como esta la solución idónea a todos los problemas del transporte vigués. Al mismo tiempo que Caballero quiere crear más confrontamiento, algunos hablan de las ridículas "teorías de conspiración" del gobierno local de Vigo, de un posible "Vigoexit" de la UE, o de la construcción de un muro que aisle el término municipal de Vigo de sus municipios limítrofes. Xosé Manuel Pazos, por su parte, sigue criticando que el parking municipal del nuevo hospital vaya a estar restringido a empadronados en la ciudad, sin mencionar que el parking instalado por la Xunta de Galicia es de acceso restringido a cualquier ciudadano por criterios económicos, en un hospital "público"...

Con todo, lo único seguro en medio de esta incertidumbre (que ni mucho menos acaba aquí) es que la PASSVIGO podrá ser usada por no empadronados para el transporte público de la ciudad pero no para otras futuras funcionalidades de la tarjeta. Por cierto, el convenio del transporte metropolitano de la Xunta finaliza al término del año 2019, así que si hay una corporación municipal distinta para entonces (cosa que algunos creen y esperan) puede que al renovar el convenio Vigo acabe incorporándose...